Sin ejército y con garantías sociales

De cal y de arena En sesión celebrada el 25 de noviembre de 1948 la Junta de Gobierno, a propuesta de su presidente José Figueres, acogió el Plan de Supresión del Ejército que presentó el Ministro de Seguridad, coronel Edgar Cardona Quirós. Cuatro días después, el 1 de diciembre, Figueres encabeza el simbólico acto en que, con el golpe de un mazo en parte de un muro del Cuartel Bella Vista, deja constancia para la historia de la abolición del ejército como institución permanente y de la proscripción de todas las estructuras militares en el país. Antes y ya a punto de materializarse el triunfo de su campaña, el líder de la revolución ?el mismo José Figueres- recibe en el Club Social de Cartago a un grupo selecto de la oligarquía nacional, portador de una trascendental propuesta: derogue las Garantías Sociales legado de la administración Calderón Guardia y el capital consentiría a don Pepe mantenerse en el poder, no entregárselo a don Otilio Ulate, y contaría con el respaldo de esa oligarquía para llevar adelante su proyecto. Está asentada en los libros de la historia la terminante negativa de Figueres a abrogar las Garantías Sociales. Ya se conocía su identificación con esa histórica proyección de la obra del Dr. Calderón Guardia, cuando el 17 de abril de 1948 ?en pleno conflicto bélico- le hizo saber a don Manuel Mora Valverde que ?yo no suprimiré las Garantías Sociales, más bien las ampliaré.? Hoy el país celebra la abolición del ejército. Y lo hace con merecida pompa, a tono con la trascendencia histórica, institucional y social de aquel paso, inédito en los anales de la política mundial. Lamentable que esa conmemoración no haya acompañado aquella otra decisión igualmente trascendental: la de mantener en pie las Garantías Sociales. Para mí, una y otra ?la abolición del ejército y la reafirmación de las Garantías Sociales- hacen el legado de mejor reputación política e institucional de Pepe Figueres. ¿Qué sería de este país sin las Garantías Sociales y sin las conquistas que le acompañan en punto a la construcción de equilibrios sociales, la justicia social y dignificación del trabajo?. No es aventurado ni absurdo mirarse en el espejo de las sociedades centroamericanas para sacar conclusiones. Las Garantías Sociales llegaron a una sociedad de masas descalzas, de baja escolaridad, de altos índices de enfermedad y mortalidad, de pobre acceso al crédito y mala distribución de la riqueza. Treinta años después de incorporadas, ya Costa Rica mostraba logros importantes: la reducción de la pobreza para 1971 ya andaba entre 20%/25%, el coeficiente de Gini señalaba la desigualdad en o,44; más del 90% de los niños asistía a la escuela. Victor H. Céspedes y Ronulfo González recogen ilustrativa información en ?Evolución de la pobreza en Costa Rica?. Y Daniel Oduber lo recalcaba en Raíces del Partido Liberación Nacional?: ?Lo que queda claro es que hasta 1978 se cumplió la ideología enunciada desde 1943?. Claro, tras esos avances vino el nocivo giro cuando en esa década de los ?70 el Estado Social de Derecho fue desplazado por el estado benefactor que causó la prostitución de un noble ideal cuando las arcas públicas fueron asaltadas por grupos de presión que las sangraron de muy diversas formas. Hoy estamos pagando ese saqueo. Existen recientes mediciones del impacto que tuvo la abolición del ejército. Algo en lo que no podemos equivocarnos es que mantener tropas nos hubiese impuesto una carlanca al ejercicio libérrimo de las instituciones democráticas, además de impedirnos asignar al desarrollo económico ingentes sumas del presupuesto. La medición del efecto del sostenimiento del ejército sobre el ingreso per cápita  demuestra que en 2010 sería de $9.343 en lugar de los $15.800 efectivamente registrados. La opción tomada en 1942 (Garantías Sociales) y en 1948 (abolición del ejército) le ha posibilitado al país ?cultivar las ciencias, las letras y las bellas artes, difundir su conocimiento y preparar el ejercicio de las profesiones liberales?, como lo consigna el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica. (*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista
Fuente: El Pais