Gobierno ecuatoriano denuncia que extranjeros cobran para participar en protestas

Quito, 9 oct (Sputnik).- El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, afirmó este miércoles en rueda de prensa que detectaron a ciudadanos extranjeros en las manifestaciones en contra de las medidas económicas del Gobierno que aseguraron haber recibido dinero para participar de las protestas. «En las manifestaciones hemos apresado a un número importante de ciudadanos extranjeros, que en sus testimonios declaran que están recibiendo entre 40 y 50 dólares por asistir a manifestaciones, la inteligencia está haciendo su trabajo y vamos a llegar con los responsables, a muchos ya los tenemos identificados, a otros ya los tenemos apresados», indicó el vicepresidente. Sonnenholzner anunció que los extranjeros que no cumplan con la ley serán deportados. «Ciudadano extranjero que se presta para generar el caos, la violencia y la delincuencia en el Ecuador, que es un territorio de paz, que ha sido hospitalario con centenas de miles de extranjeros, extranjero que no cumpla con las leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos no podrá seguir en Ecuador, los sancionaremos con todo el peso de la ley y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar deportaciones», añadió. El vicepresidente informó que solo en Guayaquil (oeste) detuvieron a 27 extranjeros en las manifestaciones. Desde la semana pasada rige en Ecuador un estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno para frenar a grupos a los que acusa de realizar saqueos, ataques y destrozos. Moreno dijo el lunes que esas acciones son parte de un plan del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para desestabilizar a su Gobierno. En la tarde del lunes se registraron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías en distintos puntos de Quito. Debido a las protestas, Moreno trasladó la sede del Gobierno a Guayaquil (oeste). Moreno aseguró que no anulará las medidas económicas propuestas el 1 de octubre, muy criticadas principalmente por la eliminación de subsidios por 1.300 millones de dólares al combustible y reformas laborales que afectan a empleados públicos. (Sputnik)
Fuente: El Pais